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EH Bildu afirma que la anulación de la norma de peajes costará a Gipuzkoa 34 millones

El juntero Oskar Bordes afirma que es una "irresponsabilidad" que la Diputación cobre estos peajes a los camiones "sin ninguna garantía jurídica"

Un camión pasa por un arco de peaje en una carretera guipuzcoana / EP
Un camión pasa por un arco de peaje en una carretera guipuzcoana / EP

El juntero de EH Bildu Oskar Bordes ha afirmado este jueves que la anulación de la norma foral de peajes a camiones costará a Gipuzkoa unos 34 millones de euros, que son los que lleva recaudados al no dejar de cobrar pese a las dos sentencias desfavorables. Bordes, responsable de Movilidad del grupo juntero de EH Bildu, ha tachado, en una rueda de prensa, de "irresponsabilidad" que la Diputación de Gipuzkoa siga cobrando los peajes a los camiones "sin ninguna garantía jurídica".

El Tribunal Supremo no estimó el recurso de la Diputación y refrendó la anulación de la primera norma sobre los peajes a camiones en la N-1 y la A-15. La Diputación entonces se acogió a la segunda norma foral para seguir cobrando estos peajes, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó esta segunda norma que está pendiente del recurso de casación ante el Supremo. EH Bildu cree que seguirá "el mismo camino" que la primera norma.

El procurador abertzale ha considerado "irresponsable" que la Diputación "meta la pata dos veces", tras lo que ha recordado que "entre el 9 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2019, en casi año y medio, se cobraron 15 millones de euros a través del Sistema AT en la N-1 y A-15".

Desde la puesta en marcha de sistema se han ingresado 34 millones de euros y no se ha dejado de cobrar, por lo que, en opinión de Bordes, "si la Diputación no asume la rectificación en la falta de garantía jurídica generada, el agujero económico se va incrementando día tras día".

EH Bildu ha reclamado que se deje de cobrar y ha recordado que en su día pidieron que se cree un fondo económico para afrontar las posibles devoluciones, pero "no hay nada previsto en los presupuestos, ni siquiera se ha intentado consensuar nada con los transportistas, y las consecuencias de esa deficiente gestión las tendrá que pagar ahora toda la ciudadanía guipuzcoana".

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