Durango recurrirá al Supremo la sentencia sobre la construcción de las torres en las antiguas vías

Los grupos de EH Bildu y Herriaren Eskubidea recurrirán ante el Tribunal Supremo la sentencia que avala el convenio firmado la pasada legislatura entre el Ayuntamiento de Durango y EuskoTren Sarea (ETS) sobre la transformación urbanística de los terrenos liberados tras el soterramiento del trazado de Euskotren, la mayor inversión ferroviaria realizada jamás en un municipio vasco con 250 millones de euros sufragados íntegramente por el Gobierno vasco. La operación incluía entonces la construcción de cinco torres de 18 plantas y un bloque VPO para recuperar buena parte de lo invertido. 

La sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula una anterior que declaró el convenio nulo de pleno derecho "por incompetencia del órgano firmante", según estos grupos municipales. El juzgado de lo Contencioso Administrativo consideró en su momento un único defecto por el que la concejala delegada de urbanismo no era el órgano competente en la firma del convenio, sino la junta de gobierno local, un órgano colegiado de existencia obligatoria en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. 

Sin acuerdo entre las administraciones

"Entendemos que el soterramiento del tren no está vinculado jurídicamente al desarrollo urbanístico", explicó a este diario el concejal de EH Bildu Aritz Bravo desde el Ayuntamiento, donde defendían la construcción de VPO y un polo de servicios a través del comercio de cara a cubrir "las necesidades" del municipio. El propietario de los terrenos liberados por el soterramiento es, sin embargo, el Gobierno vasco quien ya dejó claro que no renunciaría a los derechos urbanísticos, aunque sí mostraba su disposición a dialogar.

Apenas tres meses después las fomaciones que gobiernan el ayuntamiento, alegan que el alto tribunal vasco defiende una valoración del trazado de las vías que, además de no respetar la ley, condenaría al Ayuntamiento de este municipio a abonar casi 2,6 millones de euros por el traspaso de los terrenos, 1,3 millones por las obras de urbanización y 140.000 euros por la retirada las vías, entre otros elementos. 

Además, han apuntado que el dictamen avala que el Ayuntamiento de Durango se vea obligado a pagar por obras más del doble de su coste real. "No podemos dar por buena una sentencia que justifica el incumplimiento de la ley por motivo de interés general. No solo es importante el fondo, sino también las formas", han destacado representantes de ambos grupos. 

Pimera demanda por "irregularidades"

Fue de hecho el primer teniente de alcalde, Julián Ríos, quien presento la primera demanda mencionada contra el convenio suscrito por el Gobierno vasco junto con el portavoz de EH Bildu, Dani Maeztu, interpuesta para "salvaguardar la legalidad" en el municipio al presentar el proyecto "irregularidades", entre ellas la construcción del un 40% de vivienda pública que contempla la ley vasca de vivienda, y no el 20% previsto. Ya entonces, las formaciones se negaban a apoyar un proyecto urbanístico que obligara al Ayuntamiento a sufragar gran parte de los costes generados tras el soterramiento de las cías en la localidad.