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Euskadi llega al fin del estado de alarma en medio de la incertidumbre

Las dudas sobre las restricciones de los próximos días desbordan a las instituciones que no saben con qué herramientas contarán, ni cuál es el procedimiento legal para reforzarlas, mientras que empresarios y hosteleros claman por una "seguridad jurídica"

Reunión del LABI presidida por el lehendakari. / EP
Reunión del LABI presidida por el lehendakari. / EP

Dos citas hoy marcan el rumbo de las medidas que condicionarán el movimiento y la vida de los vascos las próximas semanas. Por un lado, la decisión del Tribunal Superior de Justicia que se espera a lo largo de la mañana sobre la propuesta inicial del Gobierno vasco para mantener las actuales restricciones con los cierres perimetrales y el toque de queda. Y, por otra parte, la decisión final que Urkullu adopte en la reunión del LABI que tendrá lugar esta tarde. El lehendakari ya ha anunciado que no piensa impulsar ninguna restricción que no cuente con las máximas garantías legales para soportar los diferentes recursos que se puedan presentar contra ellas, como ha explicado "no podemos arriesgarnos a periodos de indecisión y de incertidumbre con recursos o no recursos que hagan perder la efectividad de las medidas". Por lo tanto, lo más previsible es que retire las limitaciones a la movilidad, el toque de queda siguiendo las indicaciones que marque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco . En cualquier caso, la incertidumbre es lo que envuelve todo en las últimas horas del estado de alarma que expira definitivamente mañana a medianoche porque para los siguientes días se abre un escenario desconocido con el papel del Supremo cuando empiecen a sustanciarse diferentes interpretaciones de los Superiores de Justicia como el caso de Baleares, que ha avalado el toque de queda marcado por un gobierno autonómico. 

La Ertzaintza condiciona su dispositivo a las decisiones de las próximas horas

Las consecuencias de esta situación afectan de lleno a la actividad económica. Los empresarios han reclamado seguridad jurídica y una clarificación del escenario, al igual que la hostelería, uno de los grandes damnificados económicos de esta pandemia, que ayer mismo se unió con los representantes de todas las comunidades de la zona norte, desde Galicia hasta Euskadi, para evidenciar el caos que afrontan a partir de la madrugada del sábado.

Las autoridades ven también con preocupación un posible efecto rebote en la sociedad en un domingo que puede convertirse en la tormenta perfecta con buen tiempo y si se da el fin de las restricciones de movilidad generando grandes concentraciones de personas en lugares como playas, parques o terrazas. La situación está siendo analizada desde el departamento de Seguridad del Gobierno que, "de momento",  no ha activado ningún operativo especial de la Ertzaintza de cara al domingo. Fuentes del departamento señalan que se está esperando a las medidas que tome el LABI que se reune esta tarde, y, sobre todo, a las decisiones judiciales al respecto. No descartan que este operativo especial se ponga en marcha el sábado en función de las citadas resoluciones si fuera necesario.

El Gobierno vasco se queda en un limbo legal para mantener las medidas

El lehendakari ha insistido reiteradamente en la necesidad de prorrogar el estado de alarma ya que es la herramienta jurídica que mejor garantiza la legalidad de las actuales medidas de restricción a la movilidad en un escenario en que la pandemia confirma el cambio en la tendencia de los contagios, pero mantiene todavía la tasa de incidencia más elevada del país con 478 casos por cada 100.000 habitantes, así como las UCIs con un número de ingresos por encima de los 180, la mayor tensión desde el pasado verano. El Gobierno de España insiste en que las comunidades autónomas insisten tienen las herramientas suficientes para hacer gestionar el escenario sin la necesidad del estado de alarma, pero lo que sí es cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reconocido de hecho un problema activando a última hora un decreto que pretende abreviar los plazos para que el Supremo pueda unificar doctrina y respaldar un criterio único en los conflictos que las comunidades autónomas puedan tener con sus Superiores de Justicia. Una medida que ya ha cuestionado un informe jurídico del Supremo que encuentra muchas lagunas en la propuesta del Gobierno

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