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La Fiscalía archiva la petición de investigar a Felipe González por los GAL

La Fiscalía expone que tanto si se considera como referencia el momento en el que se identificaron los cuerpos de Joxi Zabala y José Antonio Lasa, en 1995, como si se toma la fecha de su asesinato por los GAL, en 1993, los hechos han prescrito

El expresidente del Gobierno, Felipe González. / EP
El expresidente del Gobierno, Felipe González. / EP

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la solicitud de Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, uno de los dos militantes de ETA secuestrados y asesinados por los GAL en 1983, para investigar al expresidente del Gobierno Felipe González al considera que se trata de hechos prescritos.

Esta decisión la ha anunciado la nueva plataforma B-Egiaz, que promoverá la investigación de los crímenes de los GAL, en una rueda de prensa en la que, además de Zabala, han comparecido María Jáuregui, hija del asesinado por ETA José María Jáuregui, el actor Juan Diego Botto, hijo de uno de los asesinados y desaparecidos en la dictadura militar argentina de Videla, y la historiadora María del Olmo.

En su escrito, la Fiscalía expone que tanto si se considera como referencia el momento en el que se identificaron los cuerpos de Joxi Zabala y José Antonio Lasa, en 1995, como si se toma la fecha de su asesinato por los GAL, en 1993, el plazo de 20 años que establece el Código Penal para investigar a cualquier responsable no identificado ya se ha cumplido.

Zabala asegura haber aportado documentación, entre la que se encuentra un informe desclasificado de la CIA estadounidense, de la que “se deduce” que los servicios de inteligencia españoles y franceses están en posesión de información que apunta a la participación de Felipe González “en el impulso, o, al menos, en la autorización” de la creación de los GAL.

Ha asegurado que agotará “todos los recursos judiciales”, a nivel nacional e internacional, para esclarecer la creación y los crímenes de estos grupos, entre los que se encuentra el de su hermano y Lasa, por los que el general Rodríguez Galindo y otros funcionarios públicos y guardias civiles fueron condenados a penas de entre 67 y 71 años de cárcel, que fueron aumentadas por el Tribunal Supremo.

A su juicio, se trata de delitos de "lesa humanidad" y Naciones Unidas “obliga” a los estados a investigar ese tipo de crímenes. “Es una verdad que se nos niega una y otra vez. La verdad nunca prescribe”, ha señalado. Entre las medidas que llevará a cabo B-Egiaz, Zabala ha anunciado que escribirán cartas a miembros del Gobierno para solicitar una audiencia.

Por su parte, María Jáuregui ha pedido al Ejecutivo que sea “valiente” y que asuma “su parte de responsabilidad”. “Cualquier víctima, para poder cerrar heridas, necesita conocer la verdad”, ha concluido.

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