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Los gobiernos de España y Euskadi acuerdan la transferencia de prisiones

La gestión de las tres prisiones de Euskadi y de sus 600 trabajadores pasará a depender del Gobierno vasco

La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta / EP
La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta / EP

La gestión de insituciones penitenciarias es la primera de las competencias previstas para este año sobre la que las administraciones central y vasca han llegado a un acuerdo. Esta tarde el Gobierno vasco dará más detalles en una comparecencia, pero ya ha confirmado que pasará a asumir en el mes de mayo la gestión de las tres cárceles del País Vasco y de los 600 funcionarios de prisiones. 

A lo largo del mes de marzo, y tras la reunión celebrada entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Urkullu en febrero, se aceleró la tramitación y los contactos de una reivindicación histórica del País Vasco que gestionará a partir de ahora los centros penitenciarios vascos. La política penitenciaria seguriá dependendiendo del Gobierno central, pero la gestión de los recursos y del personal responsable de ellos quedará en Euskadi. Precisamente el Ejecutivo de Urkullu incoporó al magistrado Jaime Tapia, como cargo para organizar este área de trabajo. 

Acuerdo económico en la Comisión Mixta de Transferencias

Una de las claves que queda pendiente de conocer es el coste en que el acuerdo ha valorado esta competencia. Actualmente el Estado dedica unos 35 millones de euros a las prisiones vascas, y cómo se asumirá el coste de la nueva cárcel de San Sebastián, con una inversión valorada en 40 millones de euros.  El acuerdo económico se materializará en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que se reunirá en la primera quincena de mayo. Esa valoración económica se descontará del Cupo que Euskadi paga al Estado para que la pueda agregar a sus Presupuestos.

Los centros de reclusión vascos cuentan con una plantilla de cerca de 600 funcionarios que cobran una retribución mensual  media de entre 1.400 y 2.000 euros. Es el gasto más importante de los 35 millones de euros que anualmente se gasta el Estado en las prisiones vascas y que suponen la cifra sobre la que debe girar el acuerdo de traspaso, dado que ésta se descontará del Cupo.

Dentro de este gasto, destacan también 1,7 millones para el abastecimiento de agua, luz, gas y otros combustibles, algo más de un millón de euros para reparaciones y mantenimiento y casi 2 millones en gasto sanitario. Pero uno de los gastos más importantes y que no aparece en estas cantidades es el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las tareas de seguridad de las instalaciones y de traslado de los reclusos son partidas que actualmente el Gobierno de España no incluye en Instituciones Penitenciarias y que habría que calcular para el traspaso de la competencia la Comisión Mixta de Transferencias en la se ratifique el acuerdo. 

Otras competencias que están en el primer bloque previsto de transferencias son la regulación de los Seguros, Servicios privados de seguridad, Meteorología, Seguros agrarios, Transporte por carretera, Fondo de protección a la cinematografía, Mercado de productos de pesca y cultivos marinos, Paradores de turismo, Asignación del ISBN y del ISSN (registros de autenticidad de las publicaciones) y Ordenación y gestión del litoral. 

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