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El Gobierno vasco consulta con el TSJPV las medidas a incluir en el decreto

El toque de queda y la restricción de la movilidad, principales cuestiones espinosas

Urkullu atiende a los medios de comunicación en San Sebastián. /Irekia
Urkullu atiende a los medios de comunicación en San Sebastián. /Irekia

El lehendakari Iñigo Urkullu ha confirmado que el Gobierno vasco está consultando con el Tribunal de Justicia del País Vasco (TSPJPV) la batería de medidas que pretende incluir el decreto vasco del próximo 10 de mayo, una vez que dacaiga el Estado de Alarma a nivel nacional. Las cuestiones más espinosas se refieren a la movilidad de los ciudadanos (el cierre perimetral en función de los casos) y la llamado toque de queda, es decir, restringir los horarios de salida a la calle de los ciudadanos.

El lehendakari confirmó este aspecto en la inauguración de la Junta General de Elkargi, en San Sebastián. También Jonan Fernández, coordinador del comisión técnica del LABI, incidió en que el contenido del decreto dependerá en gran medida de la cosulta elevada al TSJPV por el Gobierno vasco.

El Gobierno español aprobó el martes un decreto según el cual las Comunidades podrán recurrir al Tribunal Supremo en caso de conflicto con sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Una decisión que ya ha sido criticada por el Gobierno vasco, y otras Comunidades, aduciendo que así se está judicicializando el camino a seguir frente a la pandemia en lugar de tomar decisiones políticas como sería prorrogar el Estado de Alarma y sacar así a los jueces de la ecuación.

Urkullu no piensa dar más detalles sobre el contenido del decreto que pondrá en marcha el 10 de mayo hasta que, entre otras cosas, reciba el informe solicitado al TSJPV. En el caso del toque de queda, el lehendakari ha dicho que se verán cuáles son las medidas planteadas y las decisiones de los diversos tribunales superiores de las comunidades autónomas, al tiempo que ha recordado que se acaba de conocer el planteamiento al respecto de la Fiscalía de Baleares, que sostiene que el Govern carece de competencias para prolongar esta medida sin estado de alarma.

Lo que sí ha concretado Urkullu es que el decreto vasco tendría en principio un horizonte de aplicación con el objetivo inicial de que la incidencia baje al menos de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, que es donde se partía al inicio de nueva ola, para reducirla después hasta los 50-60 casos.    

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