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El Gobierno vasco contará con 70 millones de euros para la gestión de prisiones

El Ejecutivo de Urkullu tomara el control de las cárceles vascas en octubre y el delegado del Gobierno en Euskadi señala el "rigor" y la "confianza" con que se ha trabajado

La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta / EP
La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta / EP

Tal y como se había anunciado a primera hora de la tarde, el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de España y Euskadi para la gestión de prisiones ha valorado la transferencia en 70 millones de euros. Esa es la cantidad con que Euskadi aumentará su Presupuesto y con la que contará para asumir la dirección de los tres centros penitenciarios del País Vasco,  los 1.300 reclusos que actualmente acogen y casi 600 funcionarios. Esos 70 millones los obtendrá el Ejecutivo de Urkullu detrayéndolos del pago del Cupo, tal y como se acordará el 10 de mayo en la Comisión Mixta de Transferencias. Será en octubre cunando el Gobierno vasco asuma el control de la competencia y desarrolle su gestión. 

El delegado del Gobierno señala que el calendario para cumplir el Estatuto seguirá adelante

El acuerdo recoge también las competencias de transporte por carretera, el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN (registros de autenticidad de las publicaciones). Son parte de la docena de transferencias que conforman el primer bloque de traspasos de los tres previstos entre ambos ejecutivos para culminar el Estatuto de Gernika a lo largo de este año. Según ha explicado el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, "el calendario continuará con el compromiso de cumplir con el Estatuto" y ha destacado el "rigor" con el que se ha trabajado con "confianza mutua". 

Con esta cantidad el Gobierno vasco afrontará el coste de gestión de los centros penitenciarios.  Actualmente el Estado dedica unos 35 millones de euros a las prisiones vascas, al que hay que añadir la parte de gastos correspondientes a la seguridad desempeñada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los traslados de presos y los gastos relacionados con la asistencia sanitaria. Los importes contemplan también la nueva prisión de Donostia  y asumirá el coste de la nueva cárcel de San Sebastián, con una inversión valorada en 40 millones de euros, y cuyas obras adjudicó el Gobierno central. 

A lo largo del mes de marzo, y tras la reunión celebrada entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Urkullu en febrero, se aceleró la tramitación y los contactos de una reivindicación histórica del País Vasco que gestionará a partir de ahora los centros penitenciarios vascos. La política penitenciaria seguirá dependiendo del Gobierno central, pero la gestión de los recursos y del personal responsable de ellos quedará en Euskadi. Precisamente el Ejecutivo de Urkullu incorporó al magistrado Jaime Tapia, como cargo para organizar este área de trabajo. 

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha explicado en una comparecencia pública que la transferencia de prisiones supone "asumir la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios" de la comunidad autónoma. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha destacado la "relevancia política" de la transferencia de prisiones, una competencia que el Gobierno Vasco va a ejercer desde los principios de "reeducación, resocialización y reinserción".


 

 

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