El Gobierno vasco se queda solo con su nueva ley de empleo público

Un año después de su aprobación en consejo de gobierno y con una normativa actual que data de hace más de tres décadas, el Parlamento vasco ha aprobado la Ley de Empleo Público; ley que regula la actividad de los más de 100.000 empleados que trabajan en las administraciones públicas de Euskadi, al administrativo y de servicios de la EHU/UPV y los entes instrumentales y consultivos del entramado institucional vasco. 

Organiza los aspectos de todas estas personas en todo aquello que se refiera a su trayectoria profesional, desde el momento de presentarse a una OPE, hasta su jubilación: la ordenación y estructura del empleo público, el diseño del sistema retributivo, la regulación de los órganos del empleo público y sus competencias, la formación y el desarrollo profesional, o la carrera profesional del personal.

Novedades

Una de las novedades que incluye esta nueva ley es la contratación de personal extracomunitario -de fuera de la UE- en momentos “de necesidad por razones de interés general en determinados ámbitos". Esta nueva medida se aplica, en especial, a puestos especializados en Medicina y Enfermería, a personal de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, y a plazas de ertzainas y policías locales en las que se requiera el conocimiento de lenguas extracomunitarias.

Plantea además diferentes modalidades para que los funcionarios puedan ir progresando dentro de la Administración y contempla la figura de la Dirección Pública Profesional para que, mediante procedimiento público y con valoración de méritos, se puedan realizar los nombramientos del nivel directivo. Así, aborda la problemática de la eventualidad laboral, cifrada desde la pandemia por encima del 40%. 

Incorpora también principios de igualdad de género, con medidas como la posibilidad de cambiar el puesto de trabajo a otra localidad en caso de violencia machista, y respecto al euskera, contiene medidas para que sea una lengua de servicio y trabajo, al igual que el castellano, para que el ente sea "una administración euskaldun", contempla el documento. 

En contra

Según lo previsto, la ley ha sido aprobada con el respaldo de EAJ/PNV y PSE la abstención de PP y Ciudadanos y el rechazo de EH Bildu, Podemos y Vox. Para este último, la ley “reafirma las diferencias de condiciones laborales y salariales entre los funcionarios autonómicos y del Estado”. La coalición abertzale cree que esta nueva normativa “no da los pasos suficientes hacia la euskaldunización'' y "no corrige la anomalía" que a su juicio supone que los ciudadanos de fuera de la Unión Europea no puedan trabajar en las administraciones públicas; y desde Podemos han lamentado que "se haya perdido una oportunidad" para que personas sin nacionalidad española accedan a la Función Pública ya que la novedad de la posibilidad de contratación a personal no extracomunitario "está acotada a plazas muy específicas". 

Los sindicatos, también en contra

Por su parte, los sindicatos también han criticado esta nueva ley al considerar que no soluciona los problemas de los trabajadores de las administraciones y que además para elaborarla no se han tenido en cuenta las opiniones ni las alegaciones hechas por los sindicatos. Delegados de LAB, que se han concentrado en el exterior de la Cámara autonómica, han denunciado que la ley ha sido aprobada "utilizando el rodillo" y han lamentado que la actuación del Gobierno Vasco deja claro que los sindicatos son un "lastre" para que PNV y PSE-EE avancen en "su estrategia de privatización de los servicios públicos".

ELA, mayoritario en el sector, ha lamentado que este proyecto "somete a los empleados, así como a los servicios públicos, a los intereses privados y apuesta por perpetuar la temporalidad, la privatización, la destrucción de empleo y los recortes, principales problemas del sector público vasco". UGT-Euskadi también ha mostrado su rechazo "rotundo" a la ley, porque en su opinión "limita la participación" de los representantes de los trabajadores y "discrimina la participación de toda la ciudadanía por desconocer una de las dos lenguas oficiales". Además, ha incidido en que la ley "establece la figura de los directivos 'profesionales', desvirtuando la objetividad e imparcialidad propia de la función pública". En la misma línea, UGT ha señalado que se ha perdido una "oportunidad única" para legislar las condiciones laborales y sociales de los empleados públicos.