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La legislatura en la que murieron las diputaciones

En pleno debate sobre la fiscalidad vasca y la bajada de impuestos que reclaman los empresarios las haciendas forales han entregado el discurso al Gobierno vasco, que no tiene competencias tributarias

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y los diputados generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, Ramiro González, Markel Olano y Unai Rementería, con la consejería de Autogobierno, Olatz Garamendi./ Irekia
El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y los diputados generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, Ramiro González, Markel Olano y Unai Rementería, con la consejería de Autogobierno, Olatz Garamendi./ Irekia

En las últimas semanas, y a raíz del debate fiscal suscitado entre empresarios y Gobierno vasco sobre la oportunidad de rebajar o eliminar tributos como el de Patrimonio, se ha evidenciado el silencio de los órganos competentes en la regulación de los impuestos en Euskadi. Y es que han sido el lehendakari Urkullu, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu o el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, los interlocutores que han defendido un modelo fiscal que no puede regular el Ejecutivo vasco, ya que las competencias residen en exclusiva en las diputaciones y las Juntas Generales

Un paso más que evidencia el liderazgo que el Gobierno vasco ejerce sobre las diputaciones a la hora de tomar medidas incluso en áreas en las que no tiene competencias. El hecho de que las cuatro administraciones estén gobernadas por el PNV no deja de ser un punto que facilita esa alineación, aunque no siempre haya sido así. Las disputas entre diputados generales del mismo color político durante los años 90 en el seno del Consejo Vasco de Finanzas llegaron a ser sonadas, incluso con levantamiento de mesas y reuniones cuando José Alberto Pradera era diputado general de Bizakia. 

El Gobierno recibirá 100 millones más de las diputaciones

La renovación de la Ley de Aportaciones, la norma que regula el reparto de los dineros recaudados por las haciendas forales, ha dado un paso más en la aportación de recursos al Gobierno vasco que eleva hasta el 70,81% la parte que le corresponde de la 'saca fiscal'. Un cambio que incrementa, en el volumen actual de recaudación, en más de 100 millones el dinero que las diputaciones deben aportar al Ejecutivo. 

Y es que este fenómeno ya fue bautizado como "poder del gasto" en un estudio elaborado por la catedrática de la UPV, Milagros García Crespo, el catedrático de Derecho Constitucional, Alberto López Basaguren y los de Economía Aplicada, Marisol Esteban y Felipe Serrano. En un trabajo elaborado para la Diputación de Álava ya alertaban hace 15 años de que, "apoyado en una sobrefinanciación, el Gobierno vasco excedía sus competencias invadiendo el espacio de las Diputaciones". 

"Centralismo" del Gobierno vasco

Esta situación hizo que la oposición, a través de las intervenciones de los portavoces de EH Bildu, Podemos, PP y Vox en la aprobación de la Ley de Aportaciones, acusara al Ejecutivo de avanzar en un centralismo vasco que "ahoga a diputaciones y municipios". En cuanto a la ejecución presupuestaria del Gobierno, solamente con remanentes de tesorería y partidas sin gastar el Ejecutivo ha reordenado en el último mes y medio más de 300 millones de euros que ha destinado para inversiones en empresas en el proyecto de Presupuestos de 2022. 

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