La nueva cárcel de Donostia dificulta la negociación de la transferencia de prisiones

La negociación del traslado de la competencia de prisiones al Gobierno vasco entra en su fase más peliaguda y es que se trata ahora de fijar el coste de su gestión. La cifra que la Administración del Estado destina a los tres centros penitenciarios de Euskadi ronda los 35 millones de euros y contempla unos 600 funcionarios que pasarían a depender del Gobierno vasco. Pero una de las cuestiones más espinosas son las obras de la nueva cárcel de Zubieta, en San Sebastián, y que sustituirá a la vetusta de Martutene. Este centro supone una inversión de 41 millones de euros solamente en el proyecto de ejecución.

Una de las patatas calientes de la negociación es el nuevo centro penitenciario de Zubieta que contempla la edificación de 36.000 metros cuadrados en un terreno de 28 hectáreas. Solo el proyecto de ejecución está valorado en 41 millones para unas obras que está previsto comenzar en el mes de abril y que se desarrollen durante dos años, hasta 2023, cuando se prevé abrir el centro con 234 celdas para alojar a 500 personas. Cómo se hará el ajuste de este activo y de su inversión es una de las cuestiones que se está planteando más complicada.

Las cárceles vascas albergan a 1.300 reclusos

Los centros penitenciarios de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia, y Martutene en Gipuzkoa, albergan actualmente a algo más de 1.300 presos, según fuentes de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias. Unos centros de reclusión que, además, cuentan con una plantilla de cerca de 600 funcionarios que cobran una retribución mensual  media de entre 1.400 y 2.000 euros. Es el gasto más importante de los 35 millones de euros que anualmente se gasta el Estado en las prisiones vascas y que suponen la cifra sobre la que debe girar el acuerdo de traspaso, dado que ésta se descontará del Cupo.

Dentro de este gasto, destacan también 1,7 millones para el abastecimiento de agua, luz, gas y otros combustibles, algo más de un millón de euros para reparaciones y mantenimiento y casi dos millones en gasto sanitario. Pero uno de los gastos más importantes y que no aparece en estas cantidades es el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las tareas de seguridad de las instalaciones y de traslado de los reclusos son partidas que actualmente el Gobierno de España no incluye en Instituciones Penitenciarias y que habría que calcular para el traspaso de la competencia.

Inicio de los contactos con sintonía política

En el mes de diciembre, ambos gobiernos ya acordaron un borrador de intencionalidad política que plasmaba el acuerdo para iniciar los trabajos en la transferencia de Prisiones. Fue el resultado de “intensas conversaciones” mantenidas entre el departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Ejecutivo vasco, responsabilidad de Olatz Garamendi y los equipos de la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias. El compromiso consistió en analizar “cómo hacer posible el traspaso de la organización y gestión de los centros penitenciarios” para lo que se acordó una organización del trabajo en mesa técnicas que analizaran como desarrollar el traspaso de inmuebles, equipos y, sobre todo, el personal que trabaja en las prisiones. Si bien, el cambio de cartera ministerial, con la llegada de Miquel Iceta, podría afectar a los trabajos. 

El 2021, un año clave para el calendario de transferencias

El 2021 es un año clave para la transferencias pendientes del Estatuto de Gernika. El calendario pactado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu para este ejercicio sigue en pie y la voluntad política de ambas administraciones sigue en pie para darle cumplimiento, a pesar de las circunstancias generadas por la pandemia.

Hasta tal punto es la cuestión que el nuevo Gobierno de PNV y PSE en Euskadi surgido de las elecciones el pasado verano ha creado una cartera para tal efecto, la que dirige la consejera Olatz Garamendi. La responsable de la cartera de Gobernanza Pública y Autogobierno ya demostró una gran capacidad de gestión económica tras varios años como directora de Servicios Generales en el departamento de Educación. Un puesto desde el que tuvo que gestionar el complejo engranaje de la financiación de escuelas, centros concertados y el lío financiero que representa la Universidad del País Vasco.

Y es que las cuestiones económicas son una de las claves de cualquier negociación de transferencia de competencias. Obtenido el acuerdo político por el que el Estado cede la gestión de un área concreta, comienza la dura tarea de calcular el coste que eso supone. Un tira y afloja entre ambas administraciones que ha de concretarse en una cifra que se reducirá del Cupo que las Administraciones vascas pagan al Gobierno de España.

Para este mes de marzo, tal y como trataron el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Urkullu en su reciente reunión de hace unas semanas, se mantiene el objetivo de transferir las competencias de Prisiones, el Ingreso Mínimo Vital, el transporte por carretera, la gestión del ISBN. Sin duda, la de prisiones es la más importante, por su calado político, pero también por su elevado coste.