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Nueva condena por malversación en un concejo: 2 años a la exalcaldesa de Eribe

Además de los 24 meses de cárcel también les impone una multa de 1.200 euros y 18 meses de inhabilitación

EFE

Audiencia provincial de Álava.
Audiencia provincial de Álava.

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 2 años de cárcel a la que fuera presidenta de la Junta Administrativa de Eribe entre 2004 y 2009 por malversación de fondos públicos, días después de conocerse otra resolución condenatoria contra otro exregidor de un concejo alavés, el de Ribaguda.

En el caso de Eribe, concejo con 65 habitantes perteneciente al municipio de Zigoitia, la sentencia, hecha pública hoy, es el resultado de un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa de las dos acusadas: la que fuera presidenta de la Junta Administrativa de Eribe entre 2004 y 2009 y la fiel de fechos (secretaria) en ese junta durante el mismo periodo.

En los hechos declarados probados se recoge que durante los años en los que ejercieron sus cargos distrajeron para su propio beneficio de la cuenta de la Junta Administrativa de Eribe 130.786,65 euros. La Audiencia de Álava las condena a ambas por un delito de malversación en concurso con otro continuado de falsedad documental.

El tribunal reconoce las circunstancias atenuantes de reparación del daño, ya que han devuelto una aparte de la cuantía distraída, y de dilaciones indebidas ya que el proceso estuvo paralizado sin justificación por tiempos prolongados.

Además de los 24 meses de cárcel también les impone una multa de 1.200 euros y 18 meses de inhabilitación para ostentar cargos en Juntas Administrativas. También tendrán que indemnizar a la Junta Administrativa de Eribe de forma conjunta y solidaria con 62.649,22 euros. Las partes han aceptado la sentencia que es firme.

El pasado lunes se hizo pública otra resolución de la Audiencia Provincial de Álava en la que se condenaba a 4 años de cárcel al que fuera regidor del concejo alavés de Ribaguda entre 2009 y 2013 por un delito de malversación de caudales públicos al apropiarse de 145.183 euros que pertenecían a esa Junta Administrativa.

En esa resolución el tribunal concluyó que el acusado "decidió solucionar sus problemas económicos a costa del erario público que gestionaba con múltiples reintegros y transferencias de una cuantía global muy importante" ya que es "fácil concluir lo que supone para una pueblo de 21 vecinos que le quiten 145.183 euros".

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