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La nueva Ley de Igualdad vasca refuerza la lucha contra la violencia de género y la brecha salarial

Solo la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, se ha posicionado en contra del conjunto de la ley

EFE

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. / EP
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. / EP

La Ley de Igualdad aprobada este jueves por el Parlamento vasco refuerza las medidas institucionales para combatir la violencia contra las mujeres, para la detección precoz y la protección integral de estos casos y establece la retirada de subvenciones públicas a empresas que incumplan la igualdad retributiva.

Solo la única parlamentaria del partido de extrema derecha Vox, Amaia Martínez, se ha posicionado en contra del conjunto de la ley, que ha sido refrendada en el pleno de la Cámara con los votos a favor del PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, mientras que EH Bildu y PP+Cs se han abstenido, aunque han valorado el avance que supone la nueva norma.

Con esta ley Euskadi da "un gran paso hacia la igualdad" y sitúa la violencia contra las mujeres "como la expresión más grave para la desigualdad", ha resumido durante una breve presentación de la normativa la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

La ley modifica la norma de Igualdad de 2005 y pasa a denominarse concretamente Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

Incluye un apartado específico sobre la violencia machista en el que se señala que las administraciones públicas tendrán que garantizar ayudas de pago único para víctimas que acrediten insuficiencia de recursos económicos y especiales dificultades para obtener empleo, que cubrirían los impagos de las indemnizaciones que establecen los juzgados en sentencias que no se cumplen.

Además se destinarán ayudas económicas "para los hijos e hijas huérfanas de víctimas mortales" de la violencia machista. La cuantía que percibirán y la duración de la misma se regulará a través de un decreto, aunque desde el Departamento de Artolazabal apuntan a que podría rondar los 5.000 euros anuales.

Según la ley, las administraciones deberán asegurar el derecho que toda víctima tiene a una atención prioritaria, integral, gratuita, accesible y de calidad, y tendrán que considerar a estas personas como un colectivo de atención preferente.

La administración establecerá la prevención de conductas violentas en todos los niveles educativos y se incluye expresamente una mención a los abusos sexuales a menores.

Se ha añadido otra precisión en el apartado sobre los protocolos de actuación policial en casos de violencia machista y se determina que se dispondrán de las medidas de protección especial incluso en los casos en los que la víctima decida no interponer denuncia y en los que como consecuencia de una resolución judicial se produzca el archivo del caso siempre que se siga apreciando la existencia de riesgo de violencia.

El sector público deberá garantizar la transparencia en el ámbito retributivo y realizar las auditorias salariales correspondientes.

En el sector privado, será un requisito para las empresas y organizaciones que contraten o reciban subvenciones públicas cumplir con el principio de transparencia e igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Los poderes públicos vascos establecerán los oportunos sistemas de control salarial y en el caso de que se detecten indicios de discriminaciones retributivas se dará un plazo a las entidades para que lo justifiquen o corrijan.

Si no lo hacen "recibirán la penalidad o consecuencia que se determine en el proceso contractual o subvencional, que podría incluir la pérdida de la subvención" o el fin del contrato y la devolución de las cantidades percibidas.

También las administraciones deberán incorporar la perspectiva de género en la contratación pública e incluirán cláusulas para la igualdad entre los criterios de adjudicación.

No podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria por razón de sexo, ni tampoco a aquellas personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por esta causa.

Los procesos de promoción de empleo público incluirán una cláusula por la que, en caso de existir igualdad de capacitación, se dé prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías de la Administración en los que la representación de estas sea inferior al 40 %, salvo excepciones.

En los baremos de méritos se valorará, a los efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las candidatas hayan permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de género, el atribuible a reducciones de jornada o permisos por maternidad y paternidad.

Durante el debate, Leixuri Arrizabalaga (PNV) ha asegurado que la ley representa un paso más para alcanzar la igualdad real y efectiva, mientras que el socialista Eneko Andueza ha destacado que se trata de una norma "feminista y transformadora" que cambiará una realidad en la que persiste la desigualdad.

Ohiana Etxebarrieta (EH Bildu) ha reconocido que la normativa refuerza la ley de 2005 pero ha lamentado que se hayan dejado fuera del texto varias cuestiones, entre ellas, la puesta de soluciones para trabajadoras del hogar y cuidadoras.

Isabel González (Elkarrekin Podemos-IU) ha subrayado que se aumente del 1 % al 1,5 % el presupuesto destinado a políticas de igualdad y Laura Garrido (PP+Cs) ha valorado el trabajo de todos los grupos, excepto Vox, para lograr un texto que avanza en la igualdad.

La voz discordante ha sido la de la representante de Vox, quien ha denunciado que la ley no garantice la protección de los hombres que sufren violencia por parte de mujeres. 

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