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Podemos denuncia "posible connivencia" de las instituciones con el cartel de las consultoras

La coalición señala que los casos que han salido a la luz son "la punta del iceberg" de un modelo de gestión pública "impulsado durante décadas" por el PNV

La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, en la presentación de la Memoria de la AVC. / EP
La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, en la presentación de la Memoria de la AVC. / EP

Elkarrekin Podemos-IU ha denunciado la "posible connivencia" del Gobierno vasco con las consultoras multadas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), de las que ha dicho que "parecen ser un cartel de empresas", y ha pedido que la investigación se amplíe hasta la actualidad. La CNMC ha impuesto sanciones por valor de 6,3 millones a 22 firmas consultoras por manipular licitaciones públicas durante al menos 10 años. En la zona norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones, entre las que hay algunas relacionadas con los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria, con diversos departamentos del Gobierno vasco y con la Diputación vizcaína.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha opinado que los casos que han salido a la luz son "la punta del iceberg" de un modelo de gestión pública "impulsado durante décadas" por el PNV. "Es una enfermedad crónica que sufren nuestras administraciones públicas", ha recogido Efe. Ha considerado que este tipo de prácticas "solo se pueden hacer con la connivencia de los altos cargos" de las instituciones públicas y ha reclamado que la investigación se amplíe hasta la actualidad, tras explicar que en el portal de empleo público de Euskadi se recogen 765 contratos públicos entre 2011 y 2021, de los que el 60 % son licitaciones a las que ha concurrido una sola empresa y 425 "contratos menores otorgados a dedo y similares a los investigados".

En la misma línea, la portavoz de la coalición, Miren Gorrotxategi, se ha mostrado preocupada por "lo que parece ser un cartel de empresas con una posible connivencia del Gobierno vasco". Ha criticado lo que, a su juicio, supone "privatizar la democracia" al asegurar que en la práctica "se externalizan las labores del Gobierno Vasco" y se deja su labor "en manos de empresas castigadas por prácticas fraudulentas".

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