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¿Por qué Urkullu no recurre al Supremo ni solicita el estado de alarma para el País Vasco?

El Gobierno vasco descarta cualquier movimiento para pedir el estado de alarma para Euskadi y confía en una rápida vacunación que minimice los efectos de una nueva ola tras las aglomeraciones del domingo

El lehendakari Urkullu con la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. / EP
El lehendakari Urkullu con la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. / EP

El lehendakari no se plantea más movimientos. Una vez decaído el estado de alarma y después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbara la posibilidad de mantener el toque de alarma y las restricciones de movimientos, el Gobierno vasco ha insistido en que no recurrirá al Tribunal Supremo, ni tampoco solicitará al Gobierno de España la adopción de un estado de alarma para Euskadi. Una solución que ya planteó la propia vicelehendakari, Idoia Mendia,  y que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha recordado en Euskadi a Urkullu como una vía que contaría con el respaldo del Ejecutivo central. 

En lo jurídico, el primer día laborable sin estado de alarma lejos de contribuir a clarificar el escenario ha hecho lo contrario. Los Tribunales Superiores de Extremadura y Valencia se han sumado al de Baleares y han roto la dinámica permitiendo a sus comunidades autónomas aplicar toques de queda y restricciones a los movimientos de los ciudadanos. Y, mientras tanto, la pandemia da síntomas de remisión con una incidencia de 416 casos por cada 100.000 habitantes gracias al dato más bajo de contagios (356 casos ayer) desde antes de Semana Santa. Aunque no dejan de preocupar a las autoridades sanitarias las posibles consecuencias de las concentraciones del domingo para estrenar la "nueva normalidad".

En medio de toda esta incertidumbre el Gobierno vasco, que defendía la necesidad de mantener el estado de alarma con estos datos sanitarios, ha vuelto a rechazar cualquier opción de solicitarlo para su aplicación en Euskadi. El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha insistido en su vista a Euskadi que si el lehendakari planteara para Euskadi esta medida, "el Gobierno lo estudiaría y lo apoyaría".  Fuentes de Lehendakaritza han señalado que no se mueven las piezas, que el decreto del lehendakari que entró en vigor el domingo es acorde a la legalidad vigente en estos momentos y que mientras no haya cambios importantes en la situación de la pandemia no se contemplan nuevas medidas. Cuáles son las causas que apuntalan esta posición, ¿por qué Urkullu no solicita el estado de alarma para Euskadi o no lleva al Tribunal Supremo la defensa de su propuesta que rechazó el Superior de Justicia del País Vasco?

1. El desgaste de la gestión de la pandemia

El Gobierno y el PNV están acusando este duro año de coronavirus y sienten el peso de una sociedad cansada que cada vez señala más al Ejecutivo vasco en quién personaliza muchas de las incomodidades que se vienen prolongando desde el año pasado. Es el desgaste de la gestión de la crisis que pasa factura y que hace complicada la toma de decisiones. Solicitar el estado de alama para el País Vasco, mientras en La Rioja, Burgos o Cantabria gozan de unas anheladas libertades podría suponer un duro coste en opinión pública que evidenciaría además una peor situación que la de los vecinos por la que cabría preguntar las causas. O es para todos o es complicado soportar el peso de la excepción. Y eso que Urkullu se ha mostrado "orgulloso" de haber solicitado el estado de alarma por escrito al presidente Sánchez y al anunciar las medidas que entraron en vigor el domingo en Euskadi señaló que seguía "defendiendo que lo mejor sería prolongar el estado de alarma".

2. Judicialización e incertidumbre de la gestión

El lehendakari ha explicado que "resulta difícil de entender que el criterio judicial sea distinto en según qué comunidades", así, ha llegado a afirmar que si algún "Tribunal de Justicia está autorizando los toques de queda sin estar en vigor el estado de alarma que me lo expliquen". Un "desconcierto" que le ha llevado a afirmar que "no quiero judicializar este proceso". Es el motivo que ha dado para no llevar al Supremo las medidas inciales que el Gobierno vasco había defendido. El Ejecutivo liderado por Urkullu ha defendido que, una vez descartada la prolongación del estado de alarma, se iba a ajustar al criterio del Superior de Justicia para buscar "la certeza y la seguridad jurídica jurídica de cara a la ciudadanía". Lo que queda en incógnita es que ocurrirá si, aunque sea poco probable, el Supremo unifica la interpretación permitiendo medidas como el toque de queda o la libertad de movimientos. 

3. Evolución de la vacunación y de los contagios

En Euskadi está consiguendo un rápido ritmo en la vacunación, la revisión de la cantidad de reserva que ha de guardarse, la puesta en funcionamiento de los llamados ´vacunódromos´ y el aumento en la llegada de los sueros ha permitido avanzar a la inmunización que llega ya sobre los menores de 60 años. Así, más del 15% de los vascos ya están vacunados y un 35% han recibido al menos una dosis. Las previsiones confían en que se podría llegar a verano con todos los mayores de 50 años, al menos, con el primer inyectable administrado. Es el objetivo del departamento de Salud para evitar el colapso hospitalario. Es previsible que una población cada vez más inmunizada pueda ir aplacando el efecto de los contagios y evitando la tensión en plantas y UCIs de los hospitales. Por lo que el seguimiento de la evolución de los contagios y el mantenimiento de su tendencia bajista es fundamental. Es la clave que señala Lehendakaritza. Si no hay cambios en este punto y se mantiene la situación, no se plantearán nuevas medidas.

4. Ley vasca antipandemia

Todo se fía a salvar las seis o siete semanas que podría tardar el Parlamento vasco en aprobar la Ley vasca Antipandemia. Una norma tramitada a través de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y que se ha convertido el ´bálsamo de fierabrás´ para gestionar las restricciones. Aunque es complicado comprender cómo esta norma podría esquivar la ausencia del estado de alarma si hubira que aplicar de nuevo las medidas más restrictivas. Sin la medida excepcional, no hay ley autonómica que permita restringir derechos fundamentales como la libertad de movimientos. 

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