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Azpiazu trata de descolocar a Bildu y el PP denuncia que hay 1.000 millones sin ejecutar este año

La negociación presupuestaria introduce criterios políticos como la fiscalidad o el alquiler de vivienda y sigue sin avistarse ningún acuerdo con la oposición

El consejero Pedro Azpiazu con los representantes de Elkarrekin Podemos. / IREKIA
El consejero Pedro Azpiazu con los representantes de Elkarrekin Podemos. / IREKIA

El inicio de la segunda ronda de conversaciones del Gobierno con los grupos de la oposición para alcanzar un acuerdo sobre los Presupuestos para 2022 ha dado más campo a la política. Por un lado, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha intentado forzar la posición de EH Bildu con una propuesta en la que ofrece 162 millones de euros y la posibilidad de tratar cuestiones políticas como el alquiler de vivienda o la fiscalidad. Un intento de complicar el rechazo de las cuentas y de construir el discurso del 'no quieren acordar'. La portavoz de Bildu, Madalen Iriarte, no ve cerca el acuerdo. Por su parte, el Partido Popular ha acusado al Gobierno de aprovecharse de 1.000 millones de euros de remanente de tesorería como consecuencia de las partidas no gastadas este año. Es precisamente el importe al que ascienden sus propuestas, lo que también hace difícil el acuerdo. El viernes se cerrará la segunda ronda de contactos con Podemos y el PP. 

El PNV ha venido reprochando a EH Bildu su disposición para acordar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que en Euskadi mantenía una posición muy lejana al respaldo a las Cuentas del Gobierno vasco. El Gobierno ha dado un paso más con un acercamiento a las propuestas de la izquierda abertzale para dificultar la argumentación de EH Bildu si no decide respaldar las cuentas del Gobierno vasco para el 2022. El Ejecutivo ha concedido 72 millones de euros en las Cuentas para los objetivos marcados por Bildu y un adelanto de 90 millones en este año. Además, aunque sin comprometerse en detalle, abre la puerta a incorporar algunas de las peticiones de carácter político, como el impulso de una nueva Ley que regule el precio del alquiler o la defensa de que el Salario Mínimo Interprofesional sea proporcional a la renta media en Euskadi.

De momento, la coalición de izquierda independentista ha señalado que tiene que analizar la respuesta, señalando que, de momento, es "insuficiente". La portavoz del grupo parlamentario, Madalen Iriarte, no ha querido trasladar la sensación de acuerdo y ha mantenido un discurso crítico con el Gobierno. Según ha explicado, tras la reunión, la dirigente abertzale ha incidido en que el documento del Gobierno es más económico e insuficiente en el compromiso sobre los puntos de orden político. 

EH Bildu había planteado al Ejecutivo una batería de medidas que buscaban paliar la subida de la luz, el fomento de instalaciones renovables de autoconsumo, el refuerzo de políticas de inclusión social, residencias y Osakidetza. En total, 118 millones de euros. La respuesta del consejero de Economía y Hacienda ha ido dando respuesta a cada punto, incluso en los de calado político, como el del control del precio del alquiler, el salario mínimo y la fiscalidad. Se trata de los puntos más peliagudos, y en los que Azpiazu ha buscado elementos del acuerdo que sí ha suscrito Bildu en Navarra, como el compromiso para regular el precio de la vivienda una vez que termine la tramitación de la norma en el Congreso de los Diputados y con el compromiso de establecer un sistema de control.

En la carrera por evidenciar quién es el que dice 'no', la contrapropuesta del Gobierno recoge 30 millones para Osakidetza, 18 millones para financiar instalaciones de autoconsumo, más de 20 millones de euros para la inclusión social y 2 millones para las residencias. Además de los 90 millones que se ha comprometido ha destinar antes del cierre de este ejercicio al Fondo de sostenibilidad energética de los ayuntamientos vascos. 

El PP acusa al Gobierno de dejar de gastar 1.000 millones

Que el Gobierno vasco ha recurrido a remanentes de tesorería y a partidas sin gastar del actual ejercicio para reorganizar los gastos del Presupuesto de 2022 es algo que ha confirmado hasta el propio consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Si a esto añadimos, además, que la recaudación tributaria en 2021 será un 9,3% más de lo previsto, lo que dejará al Ejecutivo con unos 900 millones más con los que no contaba, la capacidad de gasto con la que se encuentra el Gabinete Urkullu es mucho mayor, y no solo por el esfuerzo de los ciudadanos en el pago de los impuestos, sino por la falta de una ejecución presupuestaria que permite ir haciendo bolsa de un año a otro. En este punto es donde se ha fijado el PP en la presentación de su propuesta de acuerdo al Gobierno cifrando esos remanentes y excedentes en 1.000 millones de euros. Es la cantidad con la que quiere financiar sus propuestas a la vez que pide un compromiso al Ejcutivo de mayor ejecución presupuestaria. 

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha calificado de "indignante" que el Gobierno Vasco reconozca que tiene 1.000 millones sin ejecutar de anteriores ejercicios y reiterará en su reunión con Pedro Azpiazu para negociar los presupuestos 2022 que ejecute ese dinero en ayudas a los sectores más afectados por la crisis y para bajar la presión fiscal y los impuestos en Euskadi.

En los últimos 60 días, solo en inversiones, el incremento de las cantidades anunciado ha sido de 300 millones de euros. 50 millones han sido para ampliar la dotación de Finkatuz (el fondo de inversiones en empresas creado por el Gobierno vasco) más allá de lo presupuestado este año. Y otros 250 millones para un plan de inversiones anunciado en septiembre.  El propio Azpiazu reconocía, tras la última reunión del Consejo de Vasco de Finanzas la generación de unos remanentes en 2021 de más de 200 millones de euros. 

Para el PP es una de las claves en la negociación, ya que acusan al Ejecutivo de acumular hasta 1.000 millones sin gastar y quieren mayor compromiso de ejecución presupuestaria. En sus planteamientos reclaman una revisión de la fiscalidad para bajar impuestos y plantean el uso de esos recursos que achaca al excendete en tres años para la creación de un fondo de 650 millones de euros para el "relanzamiento del Comercio y la Industria", un plan de formación con 200 millones y 150 millones para la conciliación familiar y políticas sociales.

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