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El rechazo de la Fiscalía al decreto de Urkullu augura un vacío de poder a partir del 9 de mayo

El toque de queda y el cierre perimetral tienen difícil encaje legal sin el estado de alarma

Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. / EP
Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. / EP

La reforma aprobada por el Gobierno de España trasladando al Tribunal Supremo la decision útima sobre los conflictos que puedan surgir entre los Gobiernos autonómicos y sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia amenaza con provocar un vacío de poder a partir del 9 de mayo, día en el que está previsto que decaiga el Estado de alarma. La Fiscalía del País Vasco ha sido, de hecho, la primera en expresar su rechazo a la posibilidad de que Euskadi mantenga el cierre perimetral y el toque de queda tras finalizar el Estado de alarma. La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ya ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV su informe sobre el borrador del decreto que plantea el Gobierno vasco, en el que considera que no es posible limitar derechos constitucionales como la libre circulación sin la cobertura del Estado de alarma.

Primer revés para el Gobierno de Iñigo Urkullu que pretende mantener tanto el toque de queda como el cierre perimetral las cuatro o seis próximas semanas para dar tiempo a tramitar la ley vasca antipandemia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tierne previsto emitir su resolución definitiva este mismo viernes, según adelantaron a este medio fuentes del propio TSJPV. Según el rechazo adelantado por la Fiscalía, lo más probable es que el Tribunal deniegue a su vez algunos aspectos del decreto, en concreto los que afectan a derechos fundamentales como el cierre perimetral o el toque de queda.

Una vez desestimado parte del decrerto por parte del TSJPV, la reforma anunciada port el Gobierno de Pedro Sánchez deriva al Tribunal Supremo la decisión definitiva, que tendrá cinco días para emitir su resolución e incluso sentar jurisprudencia. No obstante, el alto Tribunal ya ha mostrado su disgusto por tener que asumir estas decisiones, más propias de la politica que del poder judicial o, en todo caso, correspondientes al Tribunal Constitucional al tratarse de resoluciones sobre derechos fundamentales.

En todo caso, el Gobierno vasco parece abocado a quedarse sin capacidad de maniobra a partir del 9 de mayo. Bien porque el TSJPV le tumbe parte del decreto, lo más probable, o bien porque tenga que esperar varios días hasta que el Tribunal Supremo asuma, a favor o en contra, la responsabilidad designada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

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