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La fiscalía vasca avala extender el pasaporte covid a eventos culturales , gimnasios y residencias

La Fiscalía Superior del País Vasco considera que la medida "es necesaria, idónea y proporcionada" ante el avance de la pandemia en Euskadi.

El pasaporte covid se extiende./EP
El pasaporte covid se extiende./EP

La Fiscalía vasca respalda la petición del Gobierno Vasco al TSJPV de autorización para extender en Euskadi el pasaporte covid para acceder a toda la hostelería, salas de conciertos, festivales musicales y otros acontecimientos culturales y artísticos, polideportivos y gimnasios, estadios, frontones y pabellones, así como a hospitales o residencias, cuando se supere la tasa acumulada de 300 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En la actualidad está implantada esta medida en la Comunidad Autónoma Vasca en los locales de ocio nocturno y en los restaurantes con capacidad para más de 50 comensales cuando la incidencia sea superior a los 150 casos.

El ministerio público ha trasladado este lunes a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que considera "necesaria, idónea y proporcionada" la exigencia del certificado covid digital en estos lugares en las condiciones planteadas por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Ante el aumento de contagios de covid-19 y de todos los indicadores de la pandemia, el Gobierno Vasco establece, en el borrador del decreto que ha presentado en el TSJPV, que se aplique el pasaporte covid cuando se supere en toda Euskadi la tasa de 300 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Quedarían exentos de la exigencia del certificado los menores de 12 años, y el personal de los establecimientos en los que se implante la medida mientras ejerza sus funciones laborales, aunque los trabajadores deben utilizar la mascarilla de manera constante.

La Fiscalía Superior del País Vasco entiende que la extensión de esta medida "es necesaria, idónea y proporcionada en sentido general, en la salvaguarda de los bienes o intereses en conflicto, salud pública e integridad, por un lado, e igualdad e intimidad, por otro". Por su parte, la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV se reunirá este martes para deliberar, por lo que mañana mismo podría conocerse el fallo. De no ser esto posible, como muy tarde la decisión se haría pública el miércoles, según han informado a Europa Press fuentes del tribunal.

DECRETO

El Gobierno Vasco solicitó el pasado 10 de diciembre al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ampliar el uso del pasaporte covid en Euskadi, con el fin de extender su obligatoriedad a toda la hostelería y restauración, incluidos salones de banquetes cuando se realicen actividades con posibilidad de baile, independientemente del número de comensales. La pretensión del Ejecutivo es también exigir el certificado en salas de conciertos y multiusos u otros espacios habilitados cerrados cuando se realicen conciertos, festivales musicales y otros acontecimientos culturales y artísticos.

Asimismo, se reclamó para acceder a polideportivos, gimnasios y otros espacios interiores donde se practique actividad física y/o deportiva, tanto para deportistas como acompañantes y públicos. Su obligatoriedad se ampliaría al acceso a instalaciones deportivas, abiertas o cerradas. De esta forma, solo se podría acceder a estadios --incluidos San Mamés, Anoeta o Mendizorrotza--, frontones, pabellones o similares cuando se celebren competiciones con un sistema de control de acceso y una asistencia superior a 100 personas cuando se presente el pasaporte covid.

También se exigiría en centros hospitalarios y centros sociosanitarios, así como centros penitenciarios, tanto para personas que visiten a pacientes ingresados o residentes. Hasta el momento, solo era necesario el pasaporte covid para acceder a los restaurantes de más de 50 comensales y locales de ocio nocturno, cuando la tasa de incidencia acumulada en la Comunidad Autónoma superara los 150 casos por cada 100.000 habitantes. El Tribunal Supremo avaló su implantación, tras rechazarlo la Sala de lo Contencioso-administrativo, con el voto particular de su presidente, Luis Garrido.

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