11.400 vascos perciben simultáneamente la Renta de Garantía de Ingresos y el Ingreso Mínimo Vital

El Ejecutivo vasco y el Gobierno de España han elevado sus tensiones esta semana a cuenta de la transferecia pendiente relativa al Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que la propuesta que la ministra Isabel Rodríguez transmitió al Gobierno de Euskadi, a instancias del Ministerio de Seguridad Social, dirigido por José Luis Escribá, contempla el traspaso íntegro del Ingreso Mínimo Vital de forma provisional. Un asunto que el PNV rechaza de pleno y reclama que la transferencia se haga de "forma definitiva" tal y como se acordó en su momento. La coyuntura en Euskadi revela que el IMV ya supone una parte importante en la gestión que realiza Lanbide, ya que es el servicio vasco de empleo el que gestiona y abona las ayudas sociales.

Un total de 11.406 vascos perciben simultáneamente las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con un coste de 5,2 millones de euros para las arcas públicas. Desde su creación por parte del Gobierno de España, el IMV se complementa con la RGI en Euskadi, así que una persona que tiene derecho a recibir ambas ayudas no percibe las dos en su totalidad. Si la RGI no le otorga los beneficios necesarios para llegar a la renta mínima entonces el IMV aporta la cantidad necesaria y viceversa. Unas cuantías que pueden ser complementarias con otros ingresos, como por ejemplo, los provenientes de trabajos a tiempo parcial. El Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco es quien gestiona y abona estas ayudas a través de su servicio de empleo, Lanbide, en el que actualmente hay 16.927 expedientes de IMV concedidos, de los cuales 15.716 tienen un expediente de RGI activo, ya sea "concedido o suspendido".

El servicio vasco de empleo ha registrado un total de 6.587 solicitudes de IMV desde junio de 2020 hasta noviembre de 2021. Peticiones a las que se añaden las solicitudes realizadas directamente por la ciudadanía en las webs del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del propio Lanbide que ascienden las peticiones recibidas hasta las 8.658. Lanbide es quien se encarga de determinar qué cantidad corresponde a una y a otra ayuda, haciéndose el pago de la RGI por parte de Euskadi y el del IMV corre a cargo de la Seguridad Social. 

Perfil del perceptor

El perfil de las personas que reciben la Renta de Garantías de Ingresos en Euskadi es principalmente el de unidades de convivencia formadas por una única persona que cuentan con 9.125 expedientes, seguidas de las familias monoparentales, formadas por dos personas, siendo una de ellas menor de edad con 2.024 expedientes y las unidades de convivencia formadas por dos personas adultas que atesoran 1.802 expedientes en Lanbide. 'Crónica Vasca' ha tenido acceso a estos datos a través de varias solicitudes de información registradas por EH Bildu y el Partido Popular en el Parlamento vasco al respecto, dirigidas al Departamento de Trabajo y Empleo. De estos datos se desprende el número de ciudadanos que han acudido a los tribunales descontentos con las resoluciones dadas por Lanbide a sus solicitudes, 4.097 a noviembre de 2021 frente a las 4.638 personas que registraron recursos en 2020, de los cuales Lanbide ha llegado a un acuerdo antes de iniciarse el juicio con un total de 25 personas desde el último trimestre de 2020. El servicio vasco de empleo informa que suele tardar unos 9 meses en resolver los recursos administrativos interpuestos contra las resoluciones dictadas por Lanbide en materia de RGI y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Diferentes requisitos

Los principales requisitos para percibir el IMV difieren de los de la RGI. La edad es la principal diferencia a la hora de cumplir los báremos, ya que el IMV es para personas de 23 a 65 años, así como el tiempo de residencia. Para la RGI hay que llevar viviendo en el Páis Vasco al menos 3 años y contar con un patrimonio neto de 30.000 euros como máximo, mientras que para el IMV es necesario residir desde hace un año en España y tener un patrimonio neto inferior a los 16.000 euros.

Cuantía de las ayudas

La RGI es una ayuda de 706,22 euros para personas que viven solas con máximos hasta los 1.033,24 euros a partir de tres personas en la unidad convivencial. En las familias monoparentales alcanza los 986,96 euros con importes máximos de 1.086,15 euros, mientras que la Prestación Complementaria de Vivienda alcanza por el momento los 250 euros. Por su parte, la cuantía del IMV es inferior con un mínimo de 462 euros al mes para un adulto que viva solo a los que se puede añadir 139 euros más por cada persona conviviente hasta un máximo de 1.015 euros. Los hogares monoparentales, al igual que la RGI, cuentan con una partida adicional de 100 euros al mes. La previsión del Gobierno vasco es incrementar las ayudas de RGI en un 3% con lo que, de este modo, la prestación básica para una persona salta de 706,22 euros a 727,40 euros mensuales, para un pensionista que viva solo de 810,28 a 834,58 y la prestación más alta ascendería de 1.035,86 a 1.066,93. Así se vaticina ene l proyecto presupuestario del Departamento de Empleo y Trabajo para este 2022 donde las ayudas al alquiler también subirán al pasar de los 250 euros actuales a los 275 euros. Por su parte, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales cuenta con 42,5 millones para las ayudas de emergencia social (AES) que gestionan los ayuntamientos. 

Traspaso del IMV

En este contexto, ha surgido la dificultad de Lanbide para calcular el impacto directo que tiene el nuevo Ingreso Mínimo Vital sobre la Renta de Garantías de Ingresos vasca. El PNV anunció el pasado 30 de diciembre que había recibido las propuestas para el traspaso del IMV e Infraestructuras ferroviarias por parte del Ministerio de Política Territorial, pero ahora el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social ofrece el traspaso del IMV con condiciones al respecto, ya que sería provisional y por un tiempo limitado. Un planteamiento que tensa la cuerda entre el Ejecutivo vasco y español y coloca en una situación incomoda al PSE al ser el departamento capitaneado por Idoia Mendia el encargado de gestionar y abonar esta ayuda que complementa a la RGI vasca para alcanzar la cuantía que los perceptores vascos reciben. El Gobierno de España acepta que la transferencia llegue íntegra a Euskadi, pero pone unos límites temporales al traspaso que el PNV no acepta. Fuentes jeltzales han expresado su convencimiento de que, finalmente, la transferencia se materializará de forma "definitiva", tal y como se acordó en su día y que, en ningún caso, aceptará la transferencia de forma provisional.

La Renta Básica Incondicional llega al Parlamento vasco

El Parlamento Vasco debatirá la creación de una "Renta Básica Incondicional" (RBI) para todos los vascos que iría desde los 270 a los 900 euros, después de que una plataforma ciudadana haya logrado reunir 22.075 firmas de apoyo a una iniciativa legislativa popular (ILP) con ese objetivo. Los promotores de esta iniciativa registraban esta misma semana en el Parlamento las 22.075 rúbricas recogidas, lo que han calificado de "todo un éxito" ya que se han logrado duplicar las 10.000 firmas necesarias por ley para impulsar una ILP desde que el pasado septiembre comenzaran la campaña para lograr este objetivo. La plataforma ciudadana plantea crear una RGI que "permita acabar con la pobreza actual", ya que, a su juicio, la RGI no sirve a la hora de paliarla. La RBI que plantean es una asignación individual, universal e incondicional que recibirían todos los residentes en Euskadi, se financiaría con los presupuestos generales y sería un derecho subjetivo, es decir que como la sanidad y la educación "prevalecería sobre cualquier circunstancia" que pueda afectar a las cuentas. Este ingreso sería de 900 euros mensuales para las personas mayores de 18 o menores de esa edad emancipadas, de 450 euros (el 50 % de la cantidad inicial) para las de 14 a 18 años no emancipadas y de 270 euros (el 30 %) para las que tengan menos de 14 años. El requisito para percibirla sería acreditar 3 meses de residencia en Euskadi, y se abonaría a cada persona independientemente de con quién conviva y de sus ingresos o patrimonio.

Este colectivo, que cuenta con el respaldo de 80 organizaciones, señala que los apoyos recibidos demuestran que la RBI es una herramienta "acogida favorablemente por una mayoría de la ciudadanía vasca" e insta a conocer el posicionamiento de los partidos políticos, sindicatos y patronal "ante el silencio" que han mantenido a la hora de recoger las firmas. Para la plataforma, esta prestación es "una herramienta de política social y económica" que permitiría "avanzar hacia una sociedad mejor". Tras lograr las firmas, la pelota queda en el tejado del Parlamento vasco que, en un principio, deberá debatir la iniciativa legislativa ciudadana a no ser que la propuesta sea rechazada anteriormente por el Gobierno Vasco que es quien tiene que darle su primera aprobación y la puede vetar, alegando que compromete económicamente las cuentas vascas al ser una ayuda universal.