Los colectivos feministas de Euskadi se rebelan contra el Proyecto de 'Ley Trans'

Se aproxima el día Internacional de Orgullo LGBT y, con él las manifestaciones y discrepancias en torno a denominada 'Ley Trans' impulsada por el Ministerio de Igualdad. La Confluencia del Movimiento Feminista prepara concentraciones territoriales el 26 de junio -dos días antes del Orgullo- para el que la comisión organizadora llama a adherirse al 'Manifiesto Feminista: A favor de la agenda feminista, contra las leyes trans', normativas que, para una gran parte del movimiento, "vulneran los derechos de las mujeres al sustituir la categoría jurídica 'sexo' por 'identidad de género'".

Según expresa la que fuera candidata socialista a la alcaldía de Vitoria, filóloga y feminista, Maite Berrocal, la libre autodeterminación del sexo supone que este "deje de tener importancia a la hora de determinar la discriminación". "Si partimos de la base de que el principal argumento para discriminar a las mujeres es el sexo y deja de ser relevante a la hora de contabilizar hechos como la brecha salarial, los índices de paro, los asesinatos machistas, seremos incapaces de demostrar que, efectivamente, nos están discriminando". 

En Euskadi, la mayoría de colectivos feministas, que conforman la asociación Euskal Elkartasun Feminista, ya se han pronunciado en contra del proyecto de 'Ley Trans' del Gobierno aludiendo al impacto social que conllevaría la autodeterminación del sexo resgistral, al sustituir "una realidad empírica por el sentimiento de una identidad a la hora de constituir derechos para la ciudadanía", explica Berrocal. 

El pasado 18 de mayo, los votos de PSOE, PP y Vox impidieron la toma en consideración de la 'Ley Trans' en el Congreso, norma que preveía el cambio de la mención registral de sexo sin la obligación actual de hormonación o intervención quirúrgica. Decisión apoyada desde las asociaciones posicionadas en contra de la ley al considerar la libre determinación amparada en el ordenamiento jurídico el camino erróneo de cara a allanar las dificultades que afrontan las personas transexuales en el ejercicio de sus derechos, lo que "debe combatirse en el marco de las acciones gubernamentales contra la discriminación".

Es, según explica Berrocal, la adhesión al término 'trans' el que más daña a las personas transexuales, aquellas que, por incongruencia de género, han decidido transicionar en su forma física, "absorbiendo el término 'trans' realidades dispares como travestis, transexuales, o transgénero", entendiendo esta última el sexo como constructo social y no como condición biológica. En esta línea, han florecido en los últimos años, normativas autonómicas impulsadas por colectivos transactivistas que actualmente componen 14 protocolos educativos, 15 protocolos sanitarios y 15 leyes de "autodeterminación de género" en España, si bien con la limitación que suponen las competencias del Gobierno central, entre ellas, el registro civil. "La mayor parte de las cuestiones que se aprueban no tienen eficacia hasta que no exista una legislación estatal que soporte el concepto legal de identidad de género", afirma Berrocal. Euskadi es, de hecho, una de las comunidades autónomas pioneras en impulsar este tipo de normativas con la Ley trans de 2012, modificada en 2019, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

Leyes que, si bien no pasaron desapercibidas, no contaron con una oposición sólida por parte de asociaciones feministas, centradas en los otros grandes ejes de lucha en el ámbito administrativo: la abolición de la prostitución y del registro de recién nacidos por gestación subrogada, actualmente paralizado en España. "A medida que ha pasado el tiempo, aunque el resto de debates sigan abiertos, hemos podido  generar una argumentación racional en relación con las leyes trans, así como ver los efectos en otros países en los que tienen más recorrido". En lo que respecta a España, y, por ende, a las comunidades en las que se ha llevado a cabo una 'normativa trans', "podría haber un principio de acuerdo que limita el alcance de las aspiraciones del movimiento transgénero para aprobar un proyecto de ley en el que desaparecerían los puntos que hacen referencia a la hormonación y bloqueo de la pubertad en menores". Para Berrocal, sin embargo, el escollo sigue siendo el mismo: el reconocimiento jurídico de la identidad de género, ante el que posibles modificaciones "no van a satisfacer las demandas de las personas transgénero ni a los negocios que emergen en torno a estas leyes". 

En este sentido, las pronunciadas sitúan la línea roja en la diferenciación de sexo y género, entendido este último como contracción cultural y no una identidad innata, además de la protección del menor a explicaciones no científicas sobre su realidad material y posibles malestares de género que deriven en la transición de sexo como solución a ciertos comportamientos. Si bien la base argumental se sitúa en el sexo como "realidad biológica inmutable", es decir, que el cambio de sexo "es y debe seguir siendo una excepción jurídica justificada por una disforia de género y certificada por profesionales", reza el comunicado firmado por ocho feministas "de larga trayectoria" a raíz del posible acuerdo entre los socios de Gobierno para llevar a Consejo de Gobierno una propuesta de Ley a finales de junio, coincidiendo con el día del Orgullo.