Sociedad

Un juez anula el tercer grado otorgado por el Gobierno vasco a dos presos de ETA por no pedir perdón

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria revoca la decisión del Ejecutivo vasco sobre Jorge Martínez Ahedo y José Ignacio Bilbao por no pedir perdón a sus víctimas

27 junio, 2022 16:47

Varapalo judicial a la política penitenciaria aplicada por el Gobierno vasco a los presos de ETA. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha revocado el tercer grado concedido por el Ejecutivo de Urkullu a los presos etarras Jorge Martínez Ahedo y José Ignacio Bilbao Gaubeca el pasado 18 de mayo. Lo hace por una razón muy clara: no haber pedido perdón expreso a sus víctimas. De esta forma, el juez central de vigilancia penitenciaria José Luis Castro admite los recursos de queja de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la progresión de grado de ambos presos y volverán al segundo grado.

A partir de este momento, ambos internos pueden recurrir esta decisión que pone fin a su semilibertad. Desde que el Gobierno central le transfiriese las competencias en materia penitenciaria a finales de 2021, el Ejecutivo vasco ha concedido cerca de una veintena de progresiones a tercer grado a presos de ETA y al menos cuatro de ellas ya han sido recurridas por la Fiscalía.

No hay "perdón expreso" hacia las víctimas

En los autos, según detalla Efe, Castro insiste en la necesidad de que se cumpla con el requisito del perdón expreso a las víctimas para obtener beneficios penitenciarios, en contra de lo que estableció recientemente la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de resolver los recursos de apelación de los presos a las decisiones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Esa resolución a la que hace referencia aseguraba que la formulación de ese perdón expreso no debe considerarse un "requisito legal" para conceder beneficios penitenciarios. Ahora, se da una dicotomía en torno a esta cuestión. Un asunto, el del perdón expreso, sobre el cual las víctimas ya venían reclamando desde hace mucho tiempo.

Empezando por Jorge Martínez Ahedo, exintegrante del Comando Vizcaya, el juez Castro indica que se trata de un interno condenado a 30 años de prisión por asesinato terrorista, pena de la que en agosto habrá cumplido las tres cuartas partes y su salida de prisión estaría prevista para 2028. Este miembro de ETA escribió una carta en la que manifestaba sus "disculpas a todas las personas a las que he causado daño" pero, para el juez, no cumple con la petición expresa del perdón a las víctimas de sus delitos. Y más, en este caso cuando ehay condenas por asesinatos. Además, tampoco ha cumplido con el resarcimiento económico tras haber pagado tan solo 160 euros de los 343.378 requeridos en concepto de responsabilidad civil.

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta junto y el vicelehendakari, Josu Erkoreka y la consejera Olatz Garamendi en la firma de la transferencia de prisiones a Euskadi. / EFE

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta junto y el vicelehendakari, Josu Erkoreka y la consejera Olatz Garamendi en la firma de la transferencia de prisiones a Euskadi. / EFE

Ambos suman una condena de casi 100 años

En 2003 Martínez Ahedo fue condenado a 17 años de cárcel como cómplice del asesinato del policía nacional José Santana Ramos y a 32 años por su participación en el atentado que costó la vida al guardia civil José Benigno Villalobos Blanco. También ha sido condenado a 46 años de cárcel por intentar asesinar en cinco ocasiones al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y por el atentado frustrado contra el sargento del Ejército José Carollo Raña.

Mismo panorama para Bilbao Gaubeca, condenado a 25 y 40 años por diversos delitos de terrorismo, penas de las que en 2017 cumplió las tres cuartas partes y el 29 de mayo del próximo año está previsto que haya liquidado en su totalidad la condena. Según detalla el juez, pese a haber "sido capaz de manifestar el daño causado" y de "mostrar empatía hacía las víctimas y arrepentimiento", no ha llegado a formular ese perdón expreso a sus víctimas que la ley recoge como uno de los requisitos para disfrutar de beneficios penitenciarios.