Sociedad

Eudel ve "incomprensible" el rechazo judicial al pasaporte covid

Gorka Urtaran ha criticado el rechazo a esta medida que "pretende reducir contagios y aliviar la presión sanitaria para salvar vidas"

22 noviembre, 2021 16:45

El alcalde de Vitoria y presidente de la asociación vasca de municipios, Eudel, Gorka Urtaran, ve "incomprensible" la negativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a implantar el pasaporte covid, una medida que "se aplica en media Europa". A través de las redes sociales ha criticado el rechazo judicial a una medida que "pretende reducir contagios y aliviar la presión sanitaria para salvar vidas". "Incomprensible", ha resumido.

La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha rechazado por dos votos a uno la petición del Ejecutivo vasco de exigir este certificado sanitario para poder acudir a conciertos y acceder a locales de ocio nocturno y a restaurantes con comedores para más de 50 personas cuando la incidencia acumulada de la pandemia supe los 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días (hoy está en 300,68).

La decisión del TSJPV cuenta con el aval de dos magistrados y el voto particular de su presidente, Luis Garrido, que disiente del parecer mayoritario, al considerar que tenía que permitirse la implantación del 'pasaporte covid'. La resolución puede recurrirse ante el Tribunal Supremo en un plazo de tres días desde su notificación. El Tribunal ha denegado la solicitud del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para implantar el certificado covid digital de la UE en establecimientos de ocio nocturno, pese a que ya está en vigor en Baleares, Cataluña y Galicia

No es, ni mucho menos, el primer traspiés que la Justicia causa al Ejecutivo autónomo, pero sí quizás el más ineperado por contar de partida con el apoyo de la Fiscalía que ha manifestado que la exigencia del certificado covid digital de la Unión Europea para el acceso a locales de ocio y restaurantes con capacidad superior a 50 comensales, como solicitaba el equipo de Urkullu que a falta de Labi gestiona la pandemia, es una medida "necesaria, idónea y proporcionada en sentido general" en relación a los intereses que entran en conflicto: "salud pública e integridad, por un lado, e igualdad e intimidad por otro".