La funcionaria Aranzazu García, cuya una de sus principales funciones como secretaria municipal es velar por la legalidad de las actuaciones del ayuntamiento, eludió aclarar detales de este polémico cobro
El secretario se limita a incluir un extracto de un informe de un técnico municipal que legalizó las obras de urbanización y obvia que los trabajos se acometieron sin una licencia previa de obras
La cuantía máxima fijada a percibir por empresa es de 9.000 euros, siempre que se contrate a personas de colectivos especialmente desfavorecidos durante un período igual o superior a seis meses.