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Mungia exige el cobro millonario a vecinos por el polémico plan urbanístico de Larrabizker

El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 24 años como urbana.

Vecinos de Mungia protestan por el plan de Larrabizker. / AU
Vecinos de Mungia protestan por el plan de Larrabizker. / AU

El Ayuntamiento de Mungia ha empezado a exigir a medio centenar de vecinos el cobro de cargas urbanísticas por el polémico plan de Larrabizker, con el que pretende que abonen más de 2,1 millones de euros. Las exigencias del abono no incluyen facturas ni documentos acreditativos de los gastos. Además, se obvia que un juzgado de Bilbao investiga desde febrero estos sobreprecios.

Como ha informado el blog albetouriona.es, los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. Pero, además, a 20 propietarios de las viviendas más nuevas (unos chalés adosados) solo se les impone un pago de alrededor de 600 euros por cada inmueble. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 24 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Desde hace 10 años, los propietarios de la urbanización de Larrabizker, en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia, viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación  del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los afectados presentaron una presentaron una demanda el 31 de enero y el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao  inició una investigación el pasado 3 de febrero, en la que, además del sobreprecio de las cargas urbanísticas, se indaga sobre la falta de un estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización.

Desde septiembre, los vecinos han empezado a recibir una comunicación del Ayuntamiento en el que se les conmina a pagar el primer plazo de estos cargos, que cuantifica en más de 1,5 millones de euros y detalla los conceptos (redacción de documentos, informes jurídicos, proyectos o respuestas a las alegaciones) pero sin facturas ni otra documentación adicional. El consistorio anticipa que están pendientes otros dos pagos para “el resto de gastos de urbanización y honorarios de dirección de obra” y la “liquidación final”. Sobre el primero señala que se pasaría a finales de diciembre y el segundo no tiene fecha.

Hasta ahora, 12 vecinos ya han presentado un recurso ante los juzgados de lo contencioso administrativo para que se suspenda el pago de las cantidades de este primer plazo, que oscilan entre los 6.000 y 30.000 euros por propietario.

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