Euskadi se desmarca del acuerdo sobre los interinos de la Administración del Estado

El Gobierno vasco ha reclamado la capacidad de gestionar de un modo autónomo las convocatorias públicas de empleo y la forma de resolver la interinidad de los funcionarios de las administraciones públicas vascas. De este modo se ha desmarcado del acuerdo alcanzado ayer entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos para regularizar en una OPE las plazas de los trabajadores interinos. La consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, ha explicado que la solución del Gobierno de España "no atiende a las necesidades de la administración vasca y limita su capacidad organizativa". Garamendi ha insistido en la necesidad de que el Gobierno vasco pueda ordenar sus ofertas de empleo público en el tiempo. En este sentido ha insistido en las vías que el Ejecutivo autonómico planteaba para dar solución a la eventualidad.

Estas alternativas eran dos: dar más méritos a la experiencia en la función pública y crear una vía específica de convocatorias para los empleados públicos eventuales con más de 8 años. Esta segunda vía fue anulada por el Tribunal Constitucional, pero Garamendi, ha insistido en que la opción de puntuar los años de experiencia en las convocatorias de empleo sigue siendo válida y es la apuesta ahora mismo del Gobierno vasco para afrontar el problema de la eventualidad entre los funcionarios, dentro de un sistema para el que reclama libertad para establecer convocatorias de empleo en función de "las necesidades de la administración y la realidad de los trabajadores interinos". Sobre la posibilidad de recurrir la medida del Gobierno central, Garamendi ha señalado que "sin conocer el detalle de lo que se va a aprobar, no se pueden tomar decisiones". 

La consejera encargada de la función pública vasca ha insistido en que "no se descarta que activemos" la vía de una convocatoria específica para los funcionarios que acumulan interinidades superiores a los ocho años. En este sentido y a pesar de la sentencia del Constitucional, quedan tramitaciones parlamentarias, como la de la nueva Ley de Empleo Público Vasco, y conocer la aplicación definitiva del decreto ley del Gobierno de España. 

Mientras tanto, las centrales sindicales vascas asisten dividas al debate. Así, ELA y LAB han rechazado el acuerdo del Ministerio de Función Pública, mientras que CCOO pide al Gobierno vasco que aplique la solución que tramita hoy el Consejo de Ministros. 

Nueva Ley de Empleo Público de Euskadi

El Gobierno vasco ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Empleo Público con el objetivo de desarrollar una una nueva regulación que aglutine todas las cuestiones laborales y coordine las condiciones entre cada administración vasca. La norma introduce además, vías para evaluar el desempeño de los funcionarios, así como canales para dar cauce a su desarrollo profesional. Las personas que trabajan en las administraciones públicas de la comunidad autónoma vasca, las diputaciones o los ayuntamientos ascienden a más de 100.000. Esta ley prevé regular su desarrollo laboral, desde la entrada la administración a través de una OPE, hasta su jubilación, pasando por el diseño de su sistema distributivo que se rigen hasta ahora por la Ley de Función Pública, que tiene 32 años.

La ley, que se remitirá al Parlamento vasco para su tramitación, contempla la creación de un órgano de coordinación entre las administraciones públicas vascas, la ´Comisión de Coordinación del Empleo Público´. Se trata de un foro en el que las diferentes instituciones representadas podrán compartir experiencias, aunar criterios, o promover políticas comunes para el personal empleado público. La norma incluye dentro de su ámbito de aplicación no solo al personal funcionario público, sino también al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas vascas. Afecta a las y los trabajadores de la Administración de la comunidad autónoma, las administraciones forales y locales y el personal administrativo y de servicios de la UPV.