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Las diputaciones cambiarán la normativa para que los ayuntamientos puedan cobrar la Plusvalía

Se ha acordado modificar la determinación de la base imponible con el objetivo de que esta se aproxime a la realidad el mercado inmobiliario

Venta de pisos./ EP
Venta de pisos./ EP

Las tres diputaciones forales van a adaptar las normas que regulan el impuesto de plusvalía para dar seguridad jurídica a los contribuyentes y a los ayuntamientos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos varios aspectos del cálculo de esa tasa. Este impuesto supone para los ayuntamientos vascos un total de 62 millones de euros. El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE), que engloba a representantes del Gobierno vasco, las tres diputaciones y los consistorios vascos, se ha reunido este lunes para abordar esta cuestión.

Al término del encuentro se ha informado de que las instituciones han considerado que la regulación foral que rige en los tres territorios vascos es "muy similar" a la estatal declarada inconstitucional y que por seguridad jurídica es necesario adecuarla.

Así se ha acordado modificar la determinación de la base imponible con el objetivo de que esta se aproxime a la realidad el mercado inmobiliario y se ha reconocido la posibilidad de que los ayuntamientos corrijan a la baja los valores catastrales del suelo.

Asimismo se han establecido unos coeficientes máximos determinados en función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente teniendo en cuenta la evolución de los precios de las compraventas realizadas. Todo ello sin perjuicio de la facultad que se reconoce a la persona obligada a tributar para acomodar la carga al incremento del valor efectivamente obtenido.

Las normas forales se van a adecuar para recoger estas modificaciones de manera que el método objetivo de determinación de la base imponible no sea el único admitido legalmente y permitiendo las estimaciones directas del incremento del valor en aquellos casos en que así lo solicite la persona obligada a tributar.

Esta solución será provisional porque las instituciones representadas en el OCTE han acordado constituir un grupo de trabajo interinstitucional de carácter técnico para elaborar una propuesta de reforma armonizada de este impuesto que cumpla el principio de capacidad económica a la vez que se asegura la suficiencia financiera de los ayuntamientos.

El presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, se ha mostrado satisfecho con la solución dada y ha valorado la "rapidez" con la que las diputaciones forales están resolviendo esta cuestión para que los consistorios puedan seguir aplicando este impuesto "con la menor pérdida económica posible", de la forma "más justa para los contribuyentes" y con la mayor seguridad jurídica para todos.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha indicado por su parte que la intención de la entidad foral es aprobar en el Consejo de Gobierno de mañana un decreto normativo de urgencia fiscal para que lo acordado hoy se aplique cuanto antes. También ha recalcado que ahora el grupo de trabajo creado va a analizar con "más calma" ese tributo para ver de qué manera hacer un impuesto "lo más justo posible".

 

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