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Las administraciones estarán obligadas a cubrir las plazas de interinos que acumulen tres años

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se reunirá con las comunidades autónomas antes de verano

Ministro de Función Pública, Miquel Iceta / EP
Ministro de Función Pública, Miquel Iceta / EP

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que el Gobierno central pretende bajar la temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas por debajo del 8 % en tres años. Durante su intervención hoy en la Comisión de Función Pública en el Senado, Iceta ha asegurado que la alta temporalidad en la Función Pública "no es aceptable" y que el Gobierno trabaja para reducirla "de manera sustancial". El ministro ha considerado que las políticas de austeridad, entre otros factores, han agravado el problema de la temporalidad y ha recordado que entre 2012 y 2015 las tasas de reposición de plazas estuvieron en el 0 %. "Las administraciones que debían seguir prestando los servicios se vieron abocadas a la contratación de personal interino", ha explicado. 

Obligación de la administración de cubrir en tres años las plazas ocupadas sin contrato fijo

Iceta ha señalado que antes de verano se va a reunir con las comunidades autónomas, entidades locales y sindicatos para llegar a un acuerdo que reduzca la temporalidad. Entre las propuestas está la de reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir, en un plazo máximo de tres años, las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo. 

Nueva Ley de Función Pública en septiembre

El ministro Iceta ha anunciado que en septiembre llevará al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, un texto que pretende consolidar un modelo de empleo público "profesional, productivo, eficaz y motivador". Uno de los aspectos más novedosos de la Ley será la figura del directivo público profesional, un "elemento clave", según el ministro,  que acercará al país a los modelos de función pública "más avanzados". "Es una figura ya prevista en el estatuto básico del empleado público. Ahora nos proponemos definir sus funciones, requisitos, procedimiento de nombramiento, mandato, planificación y evaluación de su desempeño así como el régimen de conflicto de intereses y cese", ha añadido.
 

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