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La oposición acusa al Gobierno de hacer de "abogado defensor" de las consultoras

El gobierno vasco no ve irregularidades en la licitación, tras 27 contratos por más de un millón amañados entre las consultoras y anuncia que seguirá contratando a las empresas afectadas hasta que llegue un pronunciamiento que lo impida

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu en una intervención en el Parlamento vasco. / EFE
El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu en una intervención en el Parlamento vasco. / EFE

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha señalado que no hubo ninguna irregularidad en la licitación de la administración, a pesar de que el expediente sancionador de la CNMC ha detectado hasta 27 contratos entre 2008 y 2018 en los que las consultoras acordaban ofertas de cobertura en adjudicaciones de la administración autonómica que suman un valor de más de 1,2 millones de euros. Azpiazu ha destacado que en las auditorías del Tribunal Vasco de Cuentas no se ha detectado ninguna ilegalidad en esas adjudicaciones, además, ha recordado que no cesarán las contrataciones con las empresas afectadas hasta que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda,  establezca la duración de la prohibición para contratar con la Administración impuesta por Competencia a las sancionadas.

Azpiazu ha insistido en que el proceso "está todavía abierto y que, si bien se ha cerrado la vía administrativa con la sanción de Competencia, queda pendiente la vía judicial". Son, según ha explicado, varios procesos a los que esperar hasta la resolución definitiva. En ese tiempo, el responsable de la Hacienda pública vasca, ha defendido no señalar a las empresas. Las consultoras afectadas en el caso del cártel y que han recibido unas sanciones que superan los 6 millones de euros por parte de Competencia, suman 421 contratos desde que se inició la investigación en 2019 con un importe de 76 millones de euros.

Son para la oposición síntomas de falta de exigencia e, incluso de un "instinto protector del Gobierno con las empresas", como ha señalado el parlamentario de PP+Cs, Ignacio Gordillo que ha reprochado al consejero de "colocarse como abogado defensor" y ha insistido en que desde los poderes políticos se deben "investigar todos los detalles para dar credibilidad al sistema de contratación pública justo cuando se avecina una importante carga de contrataciones con los fondos europeos". 
Gordillo ha reclamado que, mientras no haya decisión firme, si bien no se puede impedir la concurrencia de las consultoras sancionadas, se les deje de invitar a los procedimientos de contratación menor. 

Comunicaciones antes de la publicación de las ofertas

El parlamentario de EH Bildu, Josu Estarrona, ha incidido en que  la contratación se ha podido hacer "conforme a la ley, otra cosa es que haya habido prácticas irregulares entre las consultoras y, en ese previo, hay algunos casos que presentan indicios de que puede haber cierta connivencia". Estarrona ha señalado la existencia de varios contratos como uno del departamento de Vivienda y Medioambiente del Gobierno vasco, del que se publican las invitaciones para presentar ofertas el 7 de junio de 2011, mientras las consultoras preparaban las ofertas de cobertura desde el 10 de mayo. 

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha reprochado a la oposición utilizar "un pretexto político para socavar el prestigio del Gobierno" y ha insistido en que "no vemos argumentos suficientes para abrir una investigación", "la licitación ha sido según la ley y las irregularidades son de las empresas". 

 

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