La rectora niega explicaciones a su Consejo de Gobierno sobre el déficit de la UPV

La  rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira, se ha negado a dar explicaciones ante el consejo de gobierno de la Universidad Pública Vasca sobre la situación financiera en la que se encuentra la entidad.

Preguntada al respecto en el turno de ruegos y preguntas del consejo de gobierno celebrado ayer jueves, Ferreira se ha negado a dar detalles sobre la situación de las cuentas, pese a que desde la gerencia de la Universidad se han remitido a los departamentos circulares recortando los presupuestos en hasta un 25% y se ha reconocido que se han pedido al Gobierno vasco partidas adicionales, para intentar paliar el déficit con el que se prevé cerrar este año.

Fuentes del consejo de gobierno han señalado a Crónica Vasca que la rectora se ha limitado a decir que se hablará sobre la situación económica de la UPV/EHU cuando se presenten los presupuestos, sin poner una fecha concreta para la presentación del anteproyecto de las cuentas, lo que se interpreta como un intento de ganar tiempo para conseguir un acuerdo con el Gobierno vasco que palíe los números rojos a través de las partidas adicionales que se han solicitado. 

La rectora ha considerado, además, que el acuerdo que se ha suscrito con varios sindicatos para mejorar las condiciones laborales de 1.200 investigadores se ha podido llevar a cabo porque la situación económica lo permite, dando por zanjado cualquier otra explicación al respecto, pese a que la situación de las cuentas ha llevado a la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno vasco a establecer un mayor control sobre el cierre del presupuesto. 

Tal y como publicó Crónica Vasca, la OCE ha remido a la Universidad una circular en la que establece que antes del 16 de marzo de 2022 se le remita la liquidación las cuentas del ejercicio de 2021. Esto ha obligado a los servicios de contabilidad de la Universidad a establecer una estricta orden de cierre presupuestario para que esté ultimado con un margen suficiente para entregar la documentación en la fecha exigida por el organismo que depende del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco.
Una orden que hasta ahora no se había remitido a la Universidad, ya que no estaba en situación de déficit hasta el año pasado, cuando ya cerró en números rojos, 3,5 millones de euros que tuvieron que ser asumidos por el Gobierno vasco.

Ante la previsión de que este año el déficit sea mucho más abultado, los sindicatos están reclamando al rectorado y a la gerencia de la UPV/ EHU que se den explicaciones a la parte social sobre la situación financiera de la universidad, aunque sin conseguirlo. 

Oficialmente la UPV/EHU mantiene que los "ajustes" en el Presupuesto pedidos a través de las circulares a los departamentos de hasta el 25% del gasto, se deben a la necesidad de "desplazar" partidas de dinero para cubrir otros gastos corrientes de la Universidad que se han disparado debido, por ejemplo, de la subida del precio de la luz o de las necesidades de limpieza por la pandemia. 

Acuerdo con los sindicatos y sentencia

La rectora ha mostrado el acuerdo alcanzado con los sindicatos LAB, Steilas y CCOO para adaptar las condiciones del convenio colectivo del personal laboral a la regulación establecida en la Ley de la Ciencia para el personal investigador temporal (predoctoral y postdoctoral) , y que fue ratificado ayer  en el consejo de gobierno, como una prueba de que la situación financiera no atraviesa momentos delicados. Pero lo cierto es que este acuerdo llega prácticamente impuesto después de que el Tribunal Supremo desestimara el pasado mes de noviembre un recurso de casación interpuesto por la UPV/EHU contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco vasco favorable al personal investigador predoctoral, lo que obligaba a la universidad a adecuar sus salarios. Tras la desestimación del recurso la UPV inició la negociación del acuerdo,  que no han suscrito ni UGT ni ELA, porque consideran que el pacto, que deja la sentencia sin efecto, "supone que el personal investigador deje de cobrar aproximadamente 4.000 euros", según señalan fuentes de UGT, que ha anunciado que irá a un conflicto colectivo para que se respete la sentencia judicial.

El acuerdo en cuestión supone una mejora de las condiciones laborales para unos 1.200 investigadores temporales de la Universidad pública vasca, y  "garantiza el mismo salario para todo el personal investigador en formación que tenga un contrato predoctoral con la UPV/EHU a partir del 1 de enero de 2022, independientemente de la convocatoria de la cual provenga su ayuda".  Las condiciones serán aplicadas con carácter retroactivo a todo el personal que tenga un contrato activo a esa fecha, al que se abonarán las cantidades adeudadas en forma de finiquito.